Por Sergio Jara Roman
SANTIAGO, julio 29. Una serie de nuevos antecedentes salieron a la luz pública ayer, luego que la Corte Suprema revelara el expediente de más de 1.000 fojas sobre el llamado Caso Banco de Talca que involucra al candidato presidencial de la Coalición por el Cambio Sebastián Piñera, y al ex presidente del Banco Central (BC) Carlos Massad.
Entre los antecedentes, los cuales estuvieron casi 30 años juntando polvo en los archivos judiciales, están las razones por las que el ex ministro Luis Correa Bulo (75) dictó la orden de aprehensión en contra del actual candidato presidencial de la derecha.
El 27 de agosto de 1982, el ministro en visita Corra Bulo, despachó "la orden de aprehensión en contra de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, Emiliano Enrique Figueroa Sandoval y de Carlos Alberto Massad Abud, bajo apercibimiento de rebeldía", según consta en el mismo documento judicial.
En él se especifica que a Piñera "le ha correspondido una participación de autor en el delito contemplado en el considerando 1° y de cómplice en los delitos contemplados en los considerandos 2° y 3°". A su vez, a Massad le correspondió una participación de autor en el delito contemplado en el considerando 1° y de cómplice en el delito contemplado en el considerando 3°.
El considerando 1° se refiere, según la orden de aprehensión de Correa Bulo, a la infracción a los artículos 26 y 26 bis de la Ley General de Bancos.
El considerando 2° en tanto, se refiere a la existencia del delito de Defraudación del Banco de Talca, perpetrado con ocasión del crédito por $11.818.485, otorgado a la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Río Claro -vinculada al dueño del Banco de Talca-, en septiembre de 1980, mientras Piñera era gerente General de la entidad bancaria y al cual se le achaca haber sugerido al abogado representante de la sociedad Río Claro que solicitara el crédito al Banco para luego, según se desprende del expediente, utilizar el mismo dinero para adquirir acciones del mismo Banco de Talca para capitalizarlo, práctica que en el mundo financiero se conoce como "bicicleta".
El considerando 3° por su parte, señala que "se encuentra justificada en el proceso la existencia del delito de Defraudación del Banco de Talca, con motivo de la otorgación de los créditos a las sociedades agrícolas Los Montes, Laguna Verde, Taramugal y Los Lirios, por un total de $209.336.455, perpetrado entre mediados de 1980 y mediados de 1981".
Según se defiende Piñera, él no fue quien dio la orden para que se crearan esas cuatro sociedades fantasmas, las cuales se constituyeron, según los peritajes judiciales, para triangular dineros para capitalizar el banco y a la vez, rescatar de las deudas a un familiar de uno de los dueños del banco.
SANTIAGO, julio 29. Una serie de nuevos antecedentes salieron a la luz pública ayer, luego que la Corte Suprema revelara el expediente de más de 1.000 fojas sobre el llamado Caso Banco de Talca que involucra al candidato presidencial de la Coalición por el Cambio Sebastián Piñera, y al ex presidente del Banco Central (BC) Carlos Massad.
Entre los antecedentes, los cuales estuvieron casi 30 años juntando polvo en los archivos judiciales, están las razones por las que el ex ministro Luis Correa Bulo (75) dictó la orden de aprehensión en contra del actual candidato presidencial de la derecha.
El 27 de agosto de 1982, el ministro en visita Corra Bulo, despachó "la orden de aprehensión en contra de Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, Emiliano Enrique Figueroa Sandoval y de Carlos Alberto Massad Abud, bajo apercibimiento de rebeldía", según consta en el mismo documento judicial.
En él se especifica que a Piñera "le ha correspondido una participación de autor en el delito contemplado en el considerando 1° y de cómplice en los delitos contemplados en los considerandos 2° y 3°". A su vez, a Massad le correspondió una participación de autor en el delito contemplado en el considerando 1° y de cómplice en el delito contemplado en el considerando 3°.
El considerando 1° se refiere, según la orden de aprehensión de Correa Bulo, a la infracción a los artículos 26 y 26 bis de la Ley General de Bancos.
El considerando 2° en tanto, se refiere a la existencia del delito de Defraudación del Banco de Talca, perpetrado con ocasión del crédito por $11.818.485, otorgado a la Compañía Inmobiliaria y de Inversiones Río Claro -vinculada al dueño del Banco de Talca-, en septiembre de 1980, mientras Piñera era gerente General de la entidad bancaria y al cual se le achaca haber sugerido al abogado representante de la sociedad Río Claro que solicitara el crédito al Banco para luego, según se desprende del expediente, utilizar el mismo dinero para adquirir acciones del mismo Banco de Talca para capitalizarlo, práctica que en el mundo financiero se conoce como "bicicleta".
El considerando 3° por su parte, señala que "se encuentra justificada en el proceso la existencia del delito de Defraudación del Banco de Talca, con motivo de la otorgación de los créditos a las sociedades agrícolas Los Montes, Laguna Verde, Taramugal y Los Lirios, por un total de $209.336.455, perpetrado entre mediados de 1980 y mediados de 1981".
Según se defiende Piñera, él no fue quien dio la orden para que se crearan esas cuatro sociedades fantasmas, las cuales se constituyeron, según los peritajes judiciales, para triangular dineros para capitalizar el banco y a la vez, rescatar de las deudas a un familiar de uno de los dueños del banco.
NOTA. TEXTO PUBLICADO EN TERRA CL. EN 2009.
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